Colombia,
el país que más leyes tiene es uno de los que más inequidad mantiene, sus leyes
son tan complejas, enredadas, sus anexos y nuevas modificaciones tan entramadas
y truculentas que casi nunca podemos desenmarañar a tiempo que carajo está
pasando con nuestras vidas en esta sociedad cuando ya un nuevo enredo de las
leyes modifican, de nuevo, la vida, ya que nunca entendimos la primera, ni la
segunda explicación. Pero los que las modifican, obtiene siempre lo que desean.
Las
muertes anunciadas, la impunidad, los muertos por desidia en la salud o por
consumir productos malos o dañinos; los desplazados que ya no tienen tierra y
si vuelven los matan (que se convierten en el primer caso); los que tiene tres,
cuatro o cinco contratos en un mismo año,
por más de 5 años, haciendo el mismo oficio; los que ya no tiene un transporte
eficiente y sus vidas cotidianas son un caos de tiempo; los que ven el árbol caer
sobre su casa, a la espera de que venga a mirar si se puede cortar o no; los
que se quejan de productos o servicios que no cumplen las expectativas de la
publicidad y se quedan con el producto malo. Y todos quedamos con la queja
eterna, esperando respuestas.
Luis Carlos Cervantes, el periodista que trabajaba en Tarazá, murió esperando un “papaleo” (eso que los funcionarios dicen la ley para responder al tiempo estipulado), que estudiarían si era necesario darle unos escoltas para protegerlo de de amenazas de unos dirigentes de su pueblo. Desde la sociedad seguimos esperando la respuesta de quién de todos, o si todos, lo mataron. Pero no ocurre nada, no hay movimiento, y si lo hay, creo que es con el tiempo de otra dimensión.
El sistema de salud está hecho para que la gente se muera, afirmación de un médico X, y le creo: la gente muere esperando la cita, la orden de los medicamentos, La del examen. La decidía burocrática amparada por los tiempos que se extienden en meses porque son “días hábiles”, más la falta de gente para atender lo prioritario, hace que las instituciones estatales que obligan a cumplir las leyes, se vean “impedidas” porque las instituciones de salud, del trabajo, los juzgados, la procuraduría, la fiscalía, la contraloría, “tienen su regulaciones administrativas internas y no podemos hacer nada”. [i]
Acá hago un paréntesis para hablar de la ley de contratación, la Ley 80. En esta ley, dentro de su discurso legal hay un aparte donde se indica que se debe contratar a quien presente la propuesta más barata, esto es que se elige al proveedor que más bajo presupuesto entregue, sin importar mucho la experiencia, la calidad del servicio o el costo real del contrato, situación que propicia trampas y movimientos de dinero por parte del ganador del contrato para “nivelar” lo que se bajó en el presupuesto: puede contratar personas no profesionales, o contrata una persona que hace las funciones de cuatro (4), compra materiales baratos (y de baja calidad). Estos contratos muchas veces son para generar servicios (de cargos específicos en el estado, para hacer exámenes en salud, en construcción, para hacer eventos, pintar calles, hacer aseo, etc.), y es así que la calidad del servicio baja.[ii]
Volviendo a este caso de incumplimiento de los tiempos de respuestas por parte del estado (o de privados), podríamos deducir que muchas personas contratadas por estos operadores que se ganan un convenio o proyecto por la ley 80, han visto sus salarios estancados o rebajados cada vez que firman un nuevo contrato por “proyecto”, se intensifican sus funciones, se triplica su tiempo de trabajo y siempre están retrasados. El caos es inminente y lógico.
Si esa ley 80 se aplica para la empresa privada: ¿se imaginan la calidad de los objetos que consumimos? ¿De las respuestas a los usuarios por incumplimientos en esa calidad que prometen?
En este país de burocracia, de enredos, de pescas en ríos revueltos por parte de los corruptos, de cambios constantes en las leyes, ojalá no pase, pero no sería extraño que en una o dos semanas llegara el estudio a la casa de Luis Carlos Cervantes diciendo que no necesita ese esquema de seguridad porque es de bajo riesgo.
Luis Carlos Cervantes, el periodista que trabajaba en Tarazá, murió esperando un “papaleo” (eso que los funcionarios dicen la ley para responder al tiempo estipulado), que estudiarían si era necesario darle unos escoltas para protegerlo de de amenazas de unos dirigentes de su pueblo. Desde la sociedad seguimos esperando la respuesta de quién de todos, o si todos, lo mataron. Pero no ocurre nada, no hay movimiento, y si lo hay, creo que es con el tiempo de otra dimensión.
El sistema de salud está hecho para que la gente se muera, afirmación de un médico X, y le creo: la gente muere esperando la cita, la orden de los medicamentos, La del examen. La decidía burocrática amparada por los tiempos que se extienden en meses porque son “días hábiles”, más la falta de gente para atender lo prioritario, hace que las instituciones estatales que obligan a cumplir las leyes, se vean “impedidas” porque las instituciones de salud, del trabajo, los juzgados, la procuraduría, la fiscalía, la contraloría, “tienen su regulaciones administrativas internas y no podemos hacer nada”. [i]
Acá hago un paréntesis para hablar de la ley de contratación, la Ley 80. En esta ley, dentro de su discurso legal hay un aparte donde se indica que se debe contratar a quien presente la propuesta más barata, esto es que se elige al proveedor que más bajo presupuesto entregue, sin importar mucho la experiencia, la calidad del servicio o el costo real del contrato, situación que propicia trampas y movimientos de dinero por parte del ganador del contrato para “nivelar” lo que se bajó en el presupuesto: puede contratar personas no profesionales, o contrata una persona que hace las funciones de cuatro (4), compra materiales baratos (y de baja calidad). Estos contratos muchas veces son para generar servicios (de cargos específicos en el estado, para hacer exámenes en salud, en construcción, para hacer eventos, pintar calles, hacer aseo, etc.), y es así que la calidad del servicio baja.[ii]
Volviendo a este caso de incumplimiento de los tiempos de respuestas por parte del estado (o de privados), podríamos deducir que muchas personas contratadas por estos operadores que se ganan un convenio o proyecto por la ley 80, han visto sus salarios estancados o rebajados cada vez que firman un nuevo contrato por “proyecto”, se intensifican sus funciones, se triplica su tiempo de trabajo y siempre están retrasados. El caos es inminente y lógico.
Si esa ley 80 se aplica para la empresa privada: ¿se imaginan la calidad de los objetos que consumimos? ¿De las respuestas a los usuarios por incumplimientos en esa calidad que prometen?
En este país de burocracia, de enredos, de pescas en ríos revueltos por parte de los corruptos, de cambios constantes en las leyes, ojalá no pase, pero no sería extraño que en una o dos semanas llegara el estudio a la casa de Luis Carlos Cervantes diciendo que no necesita ese esquema de seguridad porque es de bajo riesgo.
